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Esclavos e invasores; agricultores y terratenientes. O lo que es lo mismo, hutus y tutsis. Los primeros, el 86% de la población, son los habitantes originarios de Burundi y han estado históricamente sometidos por los segundos: los tutsis, que tras invadir el país en el siglo XV, se las han ingeniado para monopolizar el Ejército, la política y la economía. Y eso, a pesar de ser sólo el 14% de la población. El resultado: una maraña de odios profundamente enraizada entre ambas etnias que ha dado lugar a uno de los conflictos más sangrientos de África.

Tras obtener la independencia de Bélgica en 1962, los enfrentamientos entre las dos partes se intensificaron y las violaciones de derechos humanos y golpes políticos se convirtieron en el marco habitual del país. Una guerra encubierta que llegó a su punto álgido en 1993, cuando el hutu Melchior Ndadaye, vencedor de los primeros comicios democráticos que se celebraban, fue asesinado tan sólo cuatro meses después de haber sido nombrado presidente.

Tras el magnicidio, hutus y tutsis se organizaron en milicias y dieron comienzo a una cruel guerra civil que, según Naciones Unidas, se ha cobrado más de 300.000 vidas y ha provocado cientos de miles de desplazados y refugiados. Un panorama desolador en un país en el que la esperanza de vida no supera los 44 años, 250.000 personas están contagiadas por el virus del sida y más del 70% de la población vive por dejado del umbral de la pobreza.

En 1996, el tutsi Pierre Buyoya -que ya había dado un golpe de Estado en 1983- protagonizó un nuevo levantamiento que agravó aún más la situación: los enfrentamientos se intensificaron y Burundi recibió sanciones internacionales por las continuas masacres, mutilaciones y secuestros sobre la población civil.

Tras unos años devastadores, en agosto de 2000 comenzaron las negociaciones de paz. El gobierno de Buyoya se reunió con los principales grupos armados hutus, el CND-FDD y el FLN, y el 28 de agosto se ratificó, bajo la mediación de Nelson Mandela, el Acuerdo de Arusha, en el que participaron 19 partidos políticos. Los acuerdos establecieron la alternancia de etnias en el poder y la creación de un gobierno de transición integrado en un 60% por hutus y en un 40% por tutsis. Este acuerdo se puso en marcha en noviembre de 2001 y Buyoya fue el primero en ocupar el poder. El 30 de abril de 2003, tras los 18 meses de mandato que establecían los tratados, cedió el puesto al hutu del partido Frodebu, Dominitienn Ndayizaye.

En diciembre de 2003, el camino hacia la democratización dio un paso más con las conversaciones de Dar-El Salam, en las que se logró un alto el fuego entre las guerrillas y el Gobierno. Sin embargo, a pesar de estos acuerdos, las masacres sobre la población no cesan en el país. Como ejemplo queda el 13 de agosto de 2004, cuando unos 160 tutsis fueron asesinados en un campo de refugiados. Unos días después, el 18 de agosto, seis jefes de Estado africanos aprobaron en Dar- El Salam el acuerdo sobre el reparto de poder entre hutus y tutsis que había elaborado la mayoría de los partidos burundeses para que ambas etnias compartiesen el poder desde octubre de 2004, cuando finalizaba el periodo de transición establecido en 2000.

Este acuerdo iba a incluirse en la nueva Constitución de Burundi, que debía entrar en vigor el 1 de noviembre de 2004. Sin embargo, el referéndum para su aprobación se ha aplazado temporalmente hasta el 26 de ese mismo mes. Cuando finalmente la Carta Magna salió adelante con el 90% de los votos, se dió un paso definitivo hacia la paz, ya que se que abrieron las puertas para la celebración de elecciones democráticas en abril de 2005.

Actualmente, los rebeldes han paralizado las negociaciones para lograr el acuerdo de paz definitivo. Mientras tanto, las carencias económicas en el tercer país más pobre del mundo, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, contribuyen a agravar la situación.

La situación de la República Centroafricana resume la paradoja de otros muchos enclaves del continente negro: la miseria de uno de los pueblos más ricos del planeta, con abundantes yacimientos de oro, diamantes y uranio, pero con una deuda exterior cercana a los mil millones de dólares-, provocada por los desmanes y 'trapicheos' de gobernantes corruptos. La población civil es la víctima más directa de las continuas revueltas e intentonas golpistas que han sacudido el país desde 1993, año en que Ange-Félix Patassé, líder del Movimiento para la Liberación del Pueblo Centroafricano (MLPC), llegaba a la presidencia a través de las urnas. El mandatario —que utilizó su legitimación democrática para 'colocar' a amigos y colegas como consejeros de su Gobierno y utilizó las arcas del Estado como si se tratara de su propio bolsillo— tuvo que refugiarse en Camerún tras el golpe de Estado encabezado el 15 de marzo de 2003 por Francois Bozizé, antiguo jefe del Ejército que ya había liderado otra revuelta en octubre de 2002. Y la situación no ha mejorado: los rebeldes «libertadores» —así se les conoce— que se alinearon con Bozizé en su aventura golpista, siguen en pie de guerra, exigiendo al actual mandatario una compensación económica por haberle prestado su ayuda para llegar al poder.

En la última década, los motines contra el Gobierno de Patassé provocaron numerosas víctimas civiles en un país que ya sufre los estragos de graves problemas sanitarios (mortalidad materno-infantil, desnutrición, meningitis, paludismo...). El despotismo del presidente electo quedó de manifiesto en 2002, cuando alrededor de 600 personas afrontaron un proceso masivo por su implicación en el intento de golpe de Estado del 28 de mayo de 2001. La rebelión de varios centenares de oficiales del Ejército, que reclamaban el pago de salarios atrasados, estuvo liderada por el ex presidente André Kolingba, condenado a muerte tras el episodio golpista. Ninguno de los acusados tuvo representación legal en un juicio que sólo duró dos días.

En octubre de 2002, Patassé frenaba una nueva revuelta —liderada por Bozizé— gracias al apoyo de Libia y de un millar de combatientes del Movimiento de Liberación del Congo (MLC), grupo rebelde de Jean Pierre Bemba que fue acusado de cometer numerosas atrocidades en Bangui contra los civiles que habían apoyado el golpe.

Un repaso por la historia centroafricana revela que Patassé tuvo buenos maestros. Jean-Bedel Bokassa se hizo con el poder el 31 de diciembre de 1965 tras derrocar al primer presidente que tuvo el país, David Dacko, que había logrado en 1960 la plena independencia para la antigua colonia francesa. Bokassa —que mantuvo a Dacko como asesor personal— se autoproclamó mariscal, presidente vitalicio y emperador —su ceremonia de coronación no reparó en gastos— con el apoyo y beneplácito de Francia, que a cambio recibía diamantes para, supuestamente, sufragar las campañas electorales de Giscard D'Estaing.

Pero los mismos que le encumbraron le despojaron después de su 'trono'. En 1979, Dacko recuperaba el poder gracias a la 'operación Barracuda', una actuación relámpago del Ejército galo que acababa con la monarquía dictatorial de Bokassa y restablecía la República. Dacko ganó las elecciones convocadas en 1981, pero fue derrocado por el general Kolingba, que se proclamó presidente, formó un Gobierno militar y suspendió toda actividad política en el país. Ello obligó a Patassé —que fue ministro con Bokassa y candidato a la presidencia en 1981 por el MLPC— a exiliarse en Francia, y tras un golpe fallido contra Kolingba en 1982, no regresa al país hasta 1993 para participar en las elecciones legislativas y presidenciales que le dieron el poder.

Las elecciones generales celebradas en marzo de 2005 dieron la victoria a Bozizé y legitimaron, en cierta medida, el régimen seguido por el militar desde el golpe de Estado que le puso a la cabeza del Gobierno en 2003.

Antes de la celebración de los comicios, el Consejo de Seguridad de la ONU realizó continuos llamamientos a Bozizé para que sentara las bases necesarias para garantizar unas elecciones libres, en un país donde la presencia de los cascos azules (BONUCA es la misión de paz presente en el país desde febrero de 2000) no ha servido para lograr la estabilidad y acabar con la violencia. Mientras tanto, el presidente Bozizé celebró una Conferencia de Reconciliación Nacional en la que participaron 350 delegados de todas las facciones políticas, sociales y religiosas del país y puso en marcha un Programa de Desarme, Desmovilización y Reintegración de ex combatientes.

Sin embargo, la situación no ha cambiado en la República Centroafricana. La inseguridad en las calles, el riesgo de hambruna y los nuevos enfrentamientos entre rebeldes y Ejército —5000 personas han huido al Chad— alejan, cada vez más, al país del camino hacia la paz.

La Guerra entre Etiopía y Eritrea se inició en mayo de 1998 y duró hasta junio de 2000. En su origen, desde 1962, Eritrea había luchado por la independencia de Etiopía hasta que en 1991 se celebró un referéndum que condujo a una separación pacífica en 1993. No obstante, el acuerdo de ambas partes no fijaba en varios puntos la demarcación definitiva de la frontera entre ambos.

Después de independencia de Eritrea, los dos vecinos discreparon sobre los líndes. El 6 de mayo de 1998, tropas de Eritrea ocuparon y se anexionaron la región de Badme. Esto dio lugar a pequeños enfrentamientos que sirvieron para que Eritrea acusara a Etiopía del asesinato de varios funcionarios de aquella e invadiera con un gran número de fuerzas a su vecino. Etiopía declaró la guerra y movilizó su ejército tratando de efectuar un contraataque.

El conflicto se generalizó, siendo usadas unidades mecanizadas por ambas partes. Sobre Asmara, la capital de Eritrea, descargaron sus bombas las fuerzas aéreas etíopes y, como respuesta, los eritreos bombardearon a su vez las ciudades de Adigrat y Mekele. La primera oleada del conflicto duró unas cuatro semanas, realizando ambos bandos fortificaciones a lo largo de la frontera. Los ataques aéreos cesaron en junio de 1998 y el frente se estabilizó. Esta situación de relativa calma se mantuvo durante todo el verano de 1998, pero al llegar octubre se reanudaron con fuerza los combates. En febrero de 1999, Etiopía lanzó una ofensiva que le permitió recuperar la ciudad de Badme tomada desde el inicio por los eritreos.

El gobierno etíope decidió la expulsión hacia Eritrea de 77.000 civiles eritreos y etíopes de orígen eritreo, creándose un grave problema de refugiados. Las economías de ambos países, hasta entonces muy enlazadas, se resintieron del conflicto, especialmente en el comercio de alimentos, además de las consecuencias de que los dos estados eran singularmente pobres, obligándose a un endeudamiento para la compra de material bélico que iba a generar en el futuro inmediato graves problemas.

Ambas partes trataron de favorecer los movimientos de resistencia internos del otro país. Los eritreos apoyaron en Etiopía al Frente de liberación de Oromo, y los etíopes a la guerrilla islámica proveniente de Sudán contra Eritrea.

En mayo de 2000, Etiopía lanzó una ofensiva que rompió las líneas de defensa eritreas entre Shambuko y Mendefera, ocupando un cuarto del territorio enemigo, destruyendo buena parte de las infraestructuras y causando el desplazamiento de 650 mil personas hacia el interior. La situación provocó la petición del alto el fuego por Eritrea.

El 12 de diciembre de 2002, los contendientes convinieron un acuerdo de paz y un arbitraje obligatorio de sus conflictos según los términos del acuerdo previo de Argel. Se fijó una zona temporal de seguridad de 25 kilómetros, desmilitarizada, dentro de Eritrea, ocupada por cascos azules de Naciones Unidas.

El acuerdo definitivo estableció la ciudad de Badme a Eritrea, con una inicial reticencia por parte etíope que finalmente aceptó. No obstante en febrero de 2005, fuerzas mecanizadas etíopes se han situado muy cerca de la frontera y el nivel de acusaciones mutuas entre ambas partes se ha incrementado.

El conflicto de Darfur es un conflicto militar en curso en la región de Darfur de Sudán occidental, principalmente entre los Yanyauid, un grupo de milicianos formados por miembros de las tribus de los abbala (criadores de camellos de etnia árabe) y los pueblos no baggara, principalmente agricultores. El gobierno sudanés, aunque públicamente ha negado su apoyo a los Yanyauid, les ha proporcionado armas y asistencia, y ha participado junto con ellos en varios ataques contra los pueblos fur, zaghawa y masalit. El conflicto comenzó en julio de 2003.

A diferencia de lo que ocurre en la Segunda Guerra Civil Sudanesa, no se trata de un conflicto entre musulmanes y no musulmanes. La mayoría de los habitantes de Darfur son musulmanes.

Las cifras de víctimas del conflicto varían notablemente según las fuentes, desde las 50.000 estimadas por la Organización Mundial de la Salud en septiembre de 2004, hasta las 450.000 que calculó Eric Reeves el 28 de abril de 2006. La mayoría de las ONGs consideran creíble la cifra de 400.000 víctimas dada por la Coalition for International Justice, que ha sido también citada por la ONU . Se calcula que unas 2.500.000 personas se han visto desplazadas de sus hogares a causa del conflicto^[1].

El conflicto ha sido descrito como un genocidio por los medios de comunicación internacionales y por el gobierno de Estados Unidos, pero no por la ONU.

La Guerra de Somalia, que actualmente está en curso, comenzó oficialmente el 21 de diciembre de 2006, cuando el líder islámico de la Unión de Cortes Islámicas Sheik Hassan Dahir Aweys declaró que "Somalia está en estado de guerra , y todos los somalíes deben tomar parte en esta lucha contra Etiopía". El 24 de diciembre, Etiopía indicó que combatiría activamente a la Unión de Cortes Islámicas.

La Unión de Cortes Islámicas (UCI), la cual controla las áreas costeras del sur de Somalia, estaba envuelta en un conflicto contra las fuerzas del Gobierno Transicional de Somalia y de los gobiernos de regiones autónomas de Puntland y Galmudgu, apoyadas por las tropas etíopes.

El inicio de las luchas comenzaron en la Batalla de Baidoa, tras las declaraciones formales de las hostilidades del 20 de diciembre, ocurridas luego del plazo de una semana que la UCI impuso a Etiopía el 12 del mismo mes para que se retire de la nación. Etiopía rechazó abandonar sus posiciones cercanas al Gobierno Transicional de Somalia en la ciudad de Baidoa.

Estos dos bandos han intercambiado anteriormente declaraciones de guerra y fuego armado. Los países pertenecientes al África del Este y los observadores han declarado su temor de que la ofensiva etíope sea capaz de producir una guerra regional, involucrando a Eritrea, un enemigo de Etiopía y posible patrocinante de la UCI. Según la BBC, "Las Naciones Unidas estiman al menos 8.000 tropas etíopes en el país (Somalia), mientras que Eritrea ha desplegado 2.000 tropas en apoyo del grupo Islámico." Sin embargo, Etiopía sólo admite de 3.000 a 4.000 tropas involucradas, mientras que Eritrea niega tener algún tipo de tropas en Somalia. Además, el Gobierno Transicional de ese país alega que hay más de 8.,000 yihadistas extranjeros peleando a favor de la UCI. Esta hizo un llamado mundial a los muyahides musulmanes a venir a luchar por su causa.

El 8 de enero de 2007, Estados Unidos intervino directamente en la guerra, bombardeando supuestos escondites de [Al-Qaeda]] y la Unión de Cortes Islámicas.

Indonesia, el país con mayor número de musulmanes del mundo, y el tercero más populoso, ha vivido los cuatro últimos años sumido en una tormenta social, política y financiera. El colapso de las economías asiáticas, la caída del régimen de Suharto después de 32 años en el poder, la independencia de Timor Oriental y las primeras elecciones libres desde los sesenta se unieron a un conflicto étnico y religioso muy violento y a la continua denuncia de escándalos de corrupción. Indonesia se enfrenta ahora a una serie de demandas de secesión de varias provincias, alentadas por la separación de la isla de Timor Oriental después de 25 años de ocupación. La situación más grave es en la provincia de Aceh donde el fracaso del acuerdo de paz firmado en diciembre de 2002 entre el gobierno indonesio y los rebeldes separatistas del Movimiento para un Aceh Libre ha provocado una escalada de violencia que parece hacer imposible un nuevo diálogo. Human Rights Watch ha denunciado atrocidades por ambas partes, el Movimiento por un Aceh Libre y las fuerzas armadas indonesias, en un círculo vicioso de represalias, que han convertido a la población en rehén de las diferencias políticas de ambos. A todo ello se une la creciente actividad de varios grupos extremistas islámicos, a los que se relaciona con la red al-Qaeda de Osama bin Laden, y que se se entrenan en otras zonas de Indonesia. El atentado ocurrido en octubre del 2002 en la isla de Bali provocó una serie de arrestos que pusieron en evidencia la influencia y volumen de estos grupos en Indonesia.

Chechenia proclamó su independencia el 2 de noviembre de 1991 y seis meses después adoptó una Constitución que definía a la República chechena como un Estado secular -pese a que la mayoría de la población es musulmana- gobernado por un presidente y un parlamento. Rusia nunca aceptó la secesión de esta región caucásica y en 1994, las primeras tropas rusas entraron a Chechenia con la intención de derrocar al presidente Dhorkhar Dudayev. Grozny, la capital sufrió bombardeos intensos que la dejaron prácticamente destrozada. Hubo denuncias de violaciones de los derechos humanos y Rusia recibió amonestaciones de algunos países. Los grupos armados separatistas chechenos empezaron a cometer atentados no sólo contra las tropas rusas sino contra civiles ahora ya dentro del propio territorio ruso. En 1996, el Ejército ruso sufrió una humillante derrota en Chechenia, que convenció a Boris Yeltsin de firmar una acuerdo de alto el fuego con el nuevo presidente Aslan Maskhadov, elegido en 1997. Sin embargo, este pacto nunca fructificó debido a la intransigencia de Moscú y a la continua campaña de atentados de las guerrillas chechenas más radicales. En febrero del 2000, tropas rusas capturaron de nuevo Grozny, instalando un gobierno títere y declarando oficialmente a Maskhadov "terrorista". La guerra entre los militantes secesionistas chechenos y el Ejército ruso continúa. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el problema checheno pasó a un segundo plano y Putin logró un triunfo al colocar el nombre del principal grupo rebelde y de su líder en la lista de organizaciones terroristas aceptada por EE.UU. y los países europeos. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos han continuado denunciando lo que consideran abusos generalizados del Ejército ruso en Chechenia.